Según asistimos a los porcentajes de
denuncias que bajan continuamente en todo el país, por otra parte aumenta la
voracidad con la que se cometen los asesinatos contra mujeres. ¿Qué pasa
entonces, que son menos pero peores? Algunos dicen que es debido precisamente a
los recortes mencionados: menos ayudas a las mujeres que sufren este problema y
menos atención. Por eso muchas desisten de acudir a la justicia para denunciar.
Pero hay otra parte a la que habría que
pedirle un poco más de cuidado a la hora de dictar una sentencia o notificar
una resolución. Es el caso de los jueces y de los miembros del Ministerio de
Justicia en general, desde el subalterno de turno al oficial, pasando por los
auxiliares administrativos. Todos estamos involucrados en este tema y ellos más
directamente.
Lo que no se puede consentir es lo que pasó
en Murcia hace poco, cuando un delito de quebrantamiento de condena ha sido
anulado porque el juez no le notificó formalmente cuándo entraba en vigor la
orden de alejamiento de su ex pareja por violencia de género.
Después de una condena de 40 días de
trabajos en beneficio de la comunidad y una orden de alejamiento de su víctima
de un mínimo de cien metros durante 16 meses, este individuo se acerco al
domicilio de su ex pareja y aporreo la puerta en un par de ocasiones, llamando
la mujer asustada, a la policía.
Por quebrantar la orden de alejamiento, se
le impuso una condena de ocho meses de prisión. Ahora la Audiencia ha anulado esta
pena porque al imputado no se le notificó el día en que comenzaba a regir la
orden de alejamiento.
Verdaderamente es inconcebible que por un
papel sin entregar a un condenado, sea ahora la víctima la que tiene que
soportar el miedo, la desesperación y, por supuesto, la creencia de que el
sistema no funciona. Y yo le doy la razón.
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