Inmaculada lloraba en directo, asegurando que se arrepentía de haber denunciado, puesto que su ex pareja, ante cada denuncia de ella, él presentaba otra, alegando un síndrome de alienación parental, es decir, que ella manipulaba a sus hijas en contra de su padre. Y ahora le quitan la custodia de dos niñas de cinco y nueve años.
Sin una sentencia en firme ni régimen de visitas o vacaciones, el padre recogió a las niñas del colegio el día 22 de diciembre, sin comunicárselo, y se las devuelve el día 30. Por ello, Inmaculada ha interpuesto siete denuncias, sin contestación alguna.
Se espera que el próximo 27 de febrero, día del juicio en la Audiencia Provincial de Alicante a donde se ha recurrido la sentencia, el juez decida qué hacer con una niñas que se han convertido en moneda de cambio para una pareja que está separada y donde hay un maltratador que es capaz de hacer que su mujer ingrese con heridas graves en un hospital tras una paliza. Ni siquiera es presunto para mi.
Mientras, el gobierno emite un borrador para que las asociaciones de mujeres valoren, sobre la posibilidad de que un padre acusado en firme por un tribunal, pueda tener un régimen de visitas con sus hijos.
¿Nadie se acuerda de Andrea, quien murió a manos de su padre en una visita permitida por la Justicia, a pesar de su condena por malos tratos, ni de las dos niñas asturianas que también fallecieron a manos de su padre? ¿No tiene memoria el Gobierno para recordar que la ONU dió un tirón de orejas a España por haber omitido la ayuda a víctimas de violencia de género?
¿Para qué va a denunciar una mujer si luego se encuentra con estas sentencias tan horribles, y con el amparo al maltratador?
Entiendo a las mujeres, desamparadas por una justicia que parece proteger más al maltratador que a la víctima. Y me duele tener que decirlo, porque creía, sinceramente, que España estaba adelantada en este aspecto, pero compruebo que, entre los recortes sufridos para las ayudas sociales y las propuestas de un gobierno acérrimo a la defensa de quien maltrata, las mujeres se sientan totalmente desamparadas.
Aún así, el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, se cubre las espaldas argumentando que esta propuesta es solo un borrador, que no significa que se vaya a realizar.
El solo hecho de pensarlo siquiera, debería ser un delito. Si un hombre tiene una sentencia en firme por maltrato, un castigo adicional debería ser el no tener contacto con sus hijos. Comprobar lo que duele, si es que siente algo por ellos, al no poder disfrutarlos. Pero según el punto en que nos encontramos, ser maltratador tiene más ventajas que beneficios.
¡Por Dios! Poned al frente de los altos estandartes de la violencia de género, a mujeres que han sufrido el maltrato, o a familiares de las asesinadas por sus parejas o ex parejas; así se podrá organizar todo esto de otra forma. Pero no dejemos que el tema sirva exclusivamente para contentar a unos, a costa de la vida de las otras.