La privatización de los servicios públicos es un mal mayor que
no debemos dejar de pasar por alto. Más cuando toca de lleno a las mujeres. Y
eso ocurre, por ejemplo en Andalucía, donde el poder está en una izquierda
política que presume de enarbolar la bandera de los bienes públicos.
Las mujeres
víctimas de violencia de género tienen en esa Comunidad Autónoma, asistencia
psicológica que se imparte en los Centros Provinciales de la Mujer , gestionado por el
Instituto Andaluz de la Mujer ,
dependiente de la Consejería
de Presidencia e Igualdad.
La valoración
económica de este servicio alcanza más de 270.000€ y se ha otorgado a la
empresa Andaluza de Gestión Integral de
Servicios Especializados, comprometiéndose ésta a prestar apoyo psicológico en
las ocho provincias que comprenden la
Junta.
Casi un millón
de euros se gastó el gobierno andaluz en 2010 a fin de contratar el servicio telefónico
de información a la mujer, servicio de asistencia legal telefónico y
asesoramiento jurídico on-line para este colectivo, víctima de la violencia de
género.
Ese mismo año, el mismo servicio de atención psicológica fue
para la UTE Colegios
Oficiales de Psicólogos de Andalucía por una cantidad superior a la actual:
424.090 euros, y la
Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales
(Amuvi)I recibió un contrato valorado en 412.592 por prestar «información
jurídica, asistencia legal y atención psicológica a las mujeres víctimas de
violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía.
Todo el apoyo
que pueda recibir una mujer para salir de la violencia, es poco. En eso creo
que todos estaremos de acuerdo. Mientras se asesore, se informe, se introduzca
en las mentes de quienes padecen este mal mayor que hay que salir de ahí y la
denuncia es el primer paso, está bien hecho; pero también es cierto que los
medios públicos deben existir para ello. No solamente se debe gastar dinero en
contratas que a la vez se transforman en subcontratas, sino que hay que apostar
por lo público y porque el dinero, como en todo, llegue directamente a la raíz
del problema.
Además de
asesorar hay que educar desde la más tierna infancia, y no son muchas las
políticas que apuestan por ello.
Lo que más me
llama la atención es que desde Andalucía se pidan más medios al gobierno
central y que se manifieste en la calle el descontento social que existe por la
privatización de los servicios, cuando ellos no dan el ejemplo de apostar por
lo público haciendo contratos de esta naturaleza a empresas privadas.
La violencia de
género no es un negocio. La mujer tampoco y su maltrato menos aún. Pónganse las
pilas señores políticos y de verdad, con los medios que cuentan, hagan mucho
más, que no es tan difícil, solamente hace falta querer hacerlo.
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