viernes, 18 de octubre de 2013

ALARDE POLITICO Y CALLES SUCIAS


Según relata la prensa esta semana, los delitos contra la libertad sexual y los relacionados con la violencia de género aumentaron el año pasado en la provincia de Alicante. La Fiscalía ha emitido su informe anual y en él se aprecia que los casos relacionados contra la libertad sexual crecieron un 4%, al pasar de 451 causas incoadas en 2011 a 468 en 2012. Especialmente significativo resulta el incremento en un 116%, de las violaciones, el de los abusos sexuales, en un 71% en el caso de la prostitución, y entre los menores de edad en un 125% o la distribución de material pornográfico en un 175%.
Por otro lado, los malos tratos a mujeres en el ámbito familiar aumentaron un 18% y los procedimientos abiertos por quebramiento de los deberes de custodia, aumentaron un 650% más, pasando de 6 a 45 durante el año pasado.
Mientras esta información me llega por un lado, por otro leo una noticia sobre la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Blanca Hernández, que dijo ayer que  "en este momento no se prevé la elaboración de una legislación integral contra la trata de personas ". Quizás no lo vea necesario, igual no lee los informes de la Fiscalía que, como en el caso de Alicante, presentan cifras tan alarmantes. Quién sabe. Lo único cierto es que me cansan los titulares donde los golpes de pecho de este Gobierno son como fustigamientos de todos sus miembros ante esta lacra tan execrable.
Y mientras esto pasa, en Galicia la asociación Ve-laluz ha decidido hacer una huelga de hambre en pro de las mujeres víctimas de violencia de género, porque en esa comunidad autónoma se han cerrado centros de atención prolongada a mujeres maltratadas y  se les ha quitado el llamado "sueldo de la libertad" que consistía en una mísera propina a mujeres para rehacer su vida y la de sus hijos, durante un tiempo limitado, entre otras medidas.
Pero todo está bien, el gobierno forma, instruye, publicita, informa y ejecuta mesas redondas para exponer los proyectos millonarios que se van a poner en marcha. Algo que no he entendido nunca, ¿por qué las reuniones de expertos se hacen públicamente y alzan la cabeza ante todos los resultados que se esperan? No creo que sea para que el erario público pague hasta esas reuniones, desplazamientos y dietas que son necesarias para llevarlas a cabo. No creo (?)
Parece que la mitad del país funciona de una manera real y la otra vive en los cuentos de Yupi. No hay una línea recta, no hay acuerdos; solamente encuentro gente que trabaja sin alzar la voz y sin que se la oiga, pero que están al lado de las víctimas y las ayudan directamente a ellas; que piden endurecimiento de las penas a los agresores, y veo una clase política que no trabaja en la calle, que se reparte el pastel que le ha tocado de la Unión Europea (recordemos que España recibe 3.200 € por mujer maltratada) y solo están para la foto.
Darles la ayuda recibida directamente a la mujer no entra en sus planes. Hacer casas de acogida que verdaderamente funcionen, tampoco, poner en funcionamiento minicréditos para que sean autónomas de sus vidas, menos. Actuar y no alardear. Es tan sencillo como eso.

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