El
diario La Voz de
Galicia, en su edición del día 17 de marzo publicaba una noticia que me
estremeció:
La denuncia fue presentada por el secretario provincial de la CEP , Juan Carlos González
López. En la misma explica que, desde hace varios meses, en concreto desde
octubre del año pasado, «no existe en la comisaría provincial de Lugo ningún grupo
de policía judicial destinado específicamente a investigar e instruir los
delitos relacionados con violencia de género, cuando hasta esa fecha sí lo
había y, además, con una carga enorme de trabajo».
El funcionamiento de ese grupo, expresa la denuncia, «era
muy eficiente, a la vez que se garantizaba la intimidad, el trato y todo lo
referente a protección de las víctimas; también se aseguraba el buen resultado
de las diligencias practicadas».
Sin embargo parece que las cosas cambiaron. «Desde hace tiempo
y por orden del servicio del actual jefe provincial, Manuel Teijeiro Sande, los
delitos relacionados con la violencia de género se tramitan en la ODAC , oficina que carece de
medios para investigar y que es puramente administrativa, con el grave perjuicio
que ello supone al tratamiento de la víctimas. Han de esperar en los pasillos
para denunciar, rodeadas en ocasiones de un ambiente hostil debido a que se
hallan mezcladas con los demás ciudadanos que esperan para denunciar otros
hechos y detenidos», explicó ante la jueza el secretario provincial de la CEP. Esas esperas se
producen «en plena entrada de la dependencia policial».
La jueza Estela San José también, responsable del Juzgado de
Violencia de Género, fue informada de que recientemente el comisario impartió
otra orden de servicio «para que en los casos especiales se ejerza la tutela y
supervisión de la instrucción por otros funcionarios, algo material y
legalmente inviable».
A su vez, la magistrada recibió información sobre quejas de
funcionarios uniformados, «los cuales a la hora de llevar a cabo la diligencia
judicial de informe vecinal, no pueden dar cumplimiento a la misma por la
reticencia de los vecinos a hablar de otros con personal uniformado».
Supuestamente los servicios de seguridad ciudadana «están muy lejos de ser los
que puedan llevar a cabo estos informes con garantía de éxito; el resultado es
que apenas pueden practicarse».
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo
también conoció lo que, según la
CEP , es una «gran dejación» en la comisaría provincial por
parte de su responsable, Manuel Teijeiro, en lo que respecta a «delitos
relacionados con la violencia de género, lesiones, agresiones sexuales y todos
aquellos con poca relevancia estadística».
La denuncia del secretario provincial de la citada
confederación recoge que entiende «que no se están cumpliendo los mandatos
legales que tenemos de perseguir delitos y poner el celo debido en capturar a
los culpables, así como la pésima práctica de diligencias ordenadas por la
autoridad judicial».
Por ahora no existe constancia de la decisión adoptada por
la magistrada sobre la denuncia que fue presentada por escrito hace ya un par
de semanas.
Las víctimas tienen que esperar en los pasillos y carecen de
intimidad. El personal administrativo es el que se encarga de atender a las
víctimas”
Y hasta aquí un
artículo que no deja lugar a dudas sobre el poco caso que se le está haciendo a
aquellas víctimas de violencia de género en la provincia de Lugo. Sin más
comentarios, pero con la irritación a flor de piel.
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